Washington, 2 sep (PL) En medio del continuo debate sobre las armas de fuego en Estados Unidos, un tema genera gran polémica: la posibilidad de que las escuelas puedan usar fondos federales para adquirir esos artefactos.
El pasado 22 de agosto el diario The New York Times publicó que la secretaria de Educación, Betsy DeVos, valoraba permitir a los estados emplear esos recursos para comprar armamento.
Según el medio, el Gobierno federal tenía una posición de larga data de que no debería utilizarse financiamiento federal para equipar a las escuelas con armas, pero el Departamento de Educación estaba considerando acudir para ello al Programa de Apoyo Estudiantil y Enriquecimiento Académico.
Las subvenciones de ese mecanismo no mencionan de forma explícita que se prohíba la obtención de armas, lo cual, de acuerdo con el periódico, permitiría a DeVos apelar a su discreción para aprobar cualquier plan estatal o distrital destinado a tomar los fondos con ese fin.
Luego del reporte del Times, los demócratas de la Cámara de Representantes enviaron el martes último una carta a la secretaria en la que la instaron a dejar claro que el programa de subsidios federales, que cuenta con mil millones de dólares, no puede usarse para armas de fuego.
En la misiva, 173 de los 193 miembros del partido azul en la Cámara Alta argumentaron que DeVos tiene la autoridad para rechazar ese tipo de gastos.
Armar a los maestros no solo pondría en peligro la salud y seguridad de los estudiantes y el personal, sino que también iría en contra de la intención del Congreso, los precedentes y el sentido común, agregó el texto organizado por el congresista Robert Scott.
La carta le pidió a DeVos que aclarara antes de fin de semana que no permitiría tales compras, pero el viernes la titular de Educación manifestó que no se interpondría en el camino de los estados interesados en destinar las subvenciones a obtener armamento.
«No tengo intención de tomar medidas con respecto a la compra de armas de fuego o el entrenamiento del personal escolar bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria», expresó la secretaria en una misiva dirigida a Scott.
DeVos añadió que hay «flexibilidad sustancial» en la forma en que los distritos escolares usan los fondos, y que el Congreso no la autorizó a ella ni a su agencia a tomar esas decisiones.
Además de la demanda de los congresistas demócratas, funcionarios de Texas y Oklahoma pidieron al Departamento de Educación que aclarara si el dinero del mencionado programa se podía invertir en armamento o para proporcionar entrenamiento, con el objetivo de hacer las escuelas «más seguras».
Sobre tal punto, Elizabeth Hill, portavoz de la agencia encabezada por DeVos, sostuvo que no planeaban hacer una aclaración explícita al respecto, lo que parece dejar el tema sujeto a la decisión de los territorios.
El uso del dinero de los contribuyentes para armar las escuelas ha sido criticado por los demócratas, sindicatos de docentes, grupos de educación y activistas del control de armas, quienes temen que esos artefactos en las aulas hagan que esos espacios sean más peligrosos.
Por el contrario, tanto DeVos como el presidente Donald Trump han argumentado que armar a los profesores «endurecería» las escuelas, al convertirlas en objetivos menos probables para los tiroteos.
«Educadores armados (y personas de confianza que trabajan dentro de una escuela) aman a nuestros estudiantes y los protegerán», escribió el mandatario en Twitter en febrero pasado, pocos días después del tiroteo masivo en el que murieron 17 personas en una secundaria de Parkland, Florida.
Tras la carta de DeVos del viernes, los demócratas dijeron que estaban indignados de que no bloqueara el uso de subvenciones educativas con el fin de adquirir las armas, una acción que, según sus opositores, solo beneficiaría a la Asociación Nacional del Rifle.
La senadora Patty Murray, la principal demócrata en el Comité de Educación del Senado, escribió en Twitter que «emplear fondos federales para armar a los maestros en nuestras escuelas no es lo que los estudiantes o padres desean, lo que quieren nuestros maestros o lo que el Congreso pretendía».
Varias fuentes sostienen que el debate sobre este asunto está lejos de acabar, pues a pesar de la oposición a la idea, desde el ataque en Parkland al menos 14 estados han propuesto leyes que usarían los dólares de los contribuyentes para armar a los educadores.
Solo uno de esos proyectos fue aprobado, pero el Times alertó esta semana en un editorial que muchos legisladores aún consideran una opción que vale la pena seguir la presencia de personal armado en los centros docentes.
Para el periódico, quienes se apuran en priorizar la compra de armas, «están pasando por alto las soluciones que son más prometedoras y menos polémicas, y que los expertos en prevención de la violencia han pedido por años».